
Colombia es una paradoja en lo que a derechos humanos se refiere. Se la conoce como una de las democracias más estables de Latinoamérica, con una tradición de gobiernos civiles elegidos democráticamente que tan solo se ha visto interrumpida brevemente por una dictadura militar en los años cincuenta. Los sucesivos gobiernos civiles se han comprometido públicamente a defender los derechos humanos y han adoptado medidas para crear mecanismos de salvaguardia para los derechos civiles y políticos. Sin embargo, tras esta fachada de estabilidad y democracia se oculta un país asolado por los conflictos internos y unos niveles de violencia estremecedores. En los últimos años han ido adquiriendo importancia creciente en América Latina, en general, y en Colombia en particular, diferentes tipos de procesos que invitan al ciudadano común a participar en la solución de los problemas que lo afectan, así como a involucrarse de manera activa en la construcción de un modelo de sociedad diseñado a la medida de sus aspiraciones, necesidades y deseos.
Actualmente se vienen propiciando las condiciones para generar cambios en la concepción del significado de la convivencia ciudadana, donde la recuperación de valores intrínsecos a la relación humana (el compromiso, la responsabilidad y el valor de la palabra), le dan sentido a la búsqueda de canales alternos tanto para la administración de la justicia como para replantear los paradigmas utilizados con el fin de enfrentar y administrar las diferencias, los desacuerdos, las controversias y el conflicto cotidiano en general.
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